Dentro de esta necesidad de implementar una política penitenciaria, el presente trabajo propone una medida que bien podría formar parte de ese programa político; claro, siempre que se dicte dentro del marco de la política que se reclama: la reimplementación del Juez ejecucional de penas, bajo la denominación del Juez de Control y Vigilancia penitenciaria. La propuesta, de vieja data en el Derecho Comparado, y con antecedentes en nuestra legislación, solo pretende, por un lado, recuperar para los fueros jurisdiccionales una función que no debió dejarse arrebatar; y, por otro, revalidar, dentro del concepto de estado de derecho, la vigencia de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad. (500)