La Ley 28086 declara de interés y necesidad públicos el fomento de la lectura y el desarrollo de la actividad editorial y establece una serie de medidas de promoción e incentivos al libro y la lectura.

Además crea el Consejo Nacional del Libro y de Fomento de la Lectura y el Fondo Nacional de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura, así como el Registro del Proyecto Editorial y Depósito Legal.

En abril de 1996 se promulgó el Decreto Legislativo 822 o Ley sobre el Derecho de Autor que, concordada con la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, incorpora las modernas nociones del derecho especializado en la materia.

La promulgación de esa ley no sólo amplió la protección de los derechos patrimoniales de los autores nacionales y extranjeros a toda la vida de estos y hasta 70 años después de su muerte, sino que, además, modificó los artículos 216º a 221º del Código Penal vigente, con la finalidad de ampliar las penas privativas de la libertad previstas originalmente.

Con esa modificación, la Ley peruana sobre el Derecho de Autor se convirtió en la más severa de América Latina al abrir la posibilidad de sancionar hasta con ocho años de cárcel a quienes incurriesen en piratería de libros. Sin embargo hay problemas en su aplicación.